Esclavismo del siglo XXI.
Resulta que ahora los empresarios se encuentran preocupados debido a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que pretende instaurar el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por medio de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Y es que la tercerización (outsourcing) ha estado sumergiendo en un abismo la economía de los trabajadores mexicanos por más de 20 años.
Las críticas no se hicieron esperar. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) declara que esas reformas son ilegales, argumentando que se violan tratados internacionales como el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el tripartismo, es decir, el diálogo social entre gobierno, empresarios y trabajadores. Curioso, en el Parlamento Abierto Virtual donde se están discutiendo las reformas, no fueron invitados los trabajadores. Por allí no veo la tripartita.
Por otra parte, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) no se queda atrás y pone su granito de arena diciendo que la eliminación del outsourcing provocará desempleo y caída de inversiones, lo cual no es aconsejable en medio de este caos provocado por el COVID-19, además, mencionó que no van a permitir (los empresarios) que se criminalice esa modalidad de contratación y evitarán que se elimine proponiendo cambios que beneficien a todos los sectores involucrados.
Leyendo esas declaraciones, no me queda más que admitir que en México, quienes deciden el destino de todos los habitantes de este maravilloso país son los empresarios. Desgraciadamente, nada se mueve sin su consentimiento. Ellos se tienen que asegurar primero que las acciones que pretende realizar el gobierno, no los afecte en lo más mínimo.
Probablemente sueno un poco extremista al pensar lo peor de ellos, pero, tengo motivos para pensar en ello, y es que, si en pleno 2020, con las tecnologías de la información en su máximo esplendor se atreven a explotar al proletariado, violando los derechos humanos más básicos como la dignidad y libertad de expresión, qué más no harían para seguir obteniendo incalculables beneficios después de que la reforma sea instaurada.
La situación laborar es crítica. Los salarios son tan bajos que no le permite tener solvencia económica a los trabajadores; largas jornadas de trabajo que no son remuneradas de forma recíproca; prestaciones mínimas y engaños a los trabajadores en el reparto de utilidades.
En todo ese panorama caótico, nadie escucha las voces de la gente; las súplicas por tener mejor ingreso económico. Tampoco miran los rostros resignados y sin esperanza de obtener un futuro prometedor. En el campo de guerra, solamente los empresarios piden la palabra para establecer sus condiciones, de lo contrario, la clase trabajadora sufrirá las consecuencias. Ante todos estos cambios, admiten que se cometieron abusos laborales, pero también culpan al gobierno de permitir que eso ocurriera al no sancionar a los culpables. Pero como se iba a dar cuenta el gobierno de esos patrones abusones, si los trabajadores eran amenazados con el despido en caso de que quisieran demandar.
Sin lugar a dudas, estamos ante un estado fallido laboralmente hablando. La ley, es ley muerta. Los empresarios se ríen de ella. La pregunta del millón es: ¿Estamos ante una nueva modalidad de la esclavitud del siglo XXI? Yo creo que sí.
