Tigray, sin descanso.
El partido que gobierna el Tigray, en lucha con el Ejecutivo de Etiopía desde el 4 de noviembre, rechazó el día 12 la primera acusación de Amnistía Internacional. Pero todavía no ha negado los macabros detalles que proporciona la comisión EHRC, que involucran al movimiento juvenil Samri en esta zona rural, próxima a la frontera con Sudán.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha anunciado este domingo el inminente inicio de la tercera fase de la ofensiva contra el Frente para la Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) y ha dado 72 horas a las milicias del grupo rebelde antes del inicio del asalto sobre la capital de la región y último bastión de importancia del grupo, Mekelle. El Ejército se encuentra ya a unos 90 kilómetros de la capital de la región rebelde.
“Os pedimos evitar más matanzas y destrucción de ciudades y salvaros a vosotros mismos de la condena eterna en los libros de historia”, ha afirmado Abiy en un comunicado publicado en redes sociales.
El grupo habría golpeado y apuñalado a las víctimas hasta la muerte, usando desde palos y cuchillos, hasta hachas y machetes. Aunque ciertos residentes escondieron a muchos en sus casas, otros habrían sido quemados y estrangulados con cuerdas, en una “masacre” que habría contado, de acuerdo a la Comisión, con “la policía y la milicia (local), que ayudaron y directamente participaron en la carnicería al disparar a los que intentaron escapar”.
Mientras suceden los cruces de palabras no comprobadas, aumenta la huida de los civiles que habitaban la región en disputa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabilizó que ya son más de 40.000 los que han arribado a la vecina Sudán escapando del conflicto –solo 5.000 este último fin de semana–, y que otros 100.000 refugiados de Eritrea que siguen allí corren el peligro de quedar sin comida ni agua ni servicios esenciales, si no accede la ayuda humanitaria.
