Un estado fallido

El gobierno a través de sus instituciones se encuentra obligado a garantizar a sus soberanos, la salud, la seguridad, el empleo, la vivienda, entre muchos otros aspectos más, pero, si no existe un cumplimiento de sus deberes, entonces el gobernante deberá de ser retirado de su puesto por mucho que haya sido electo democráticamente, por el sencillo hecho de ser un trabajador público, y es ahí donde debemos hacer valer el contrato social donde los empleados gubernamentales al incumplir con su labor deben de dejar el cargo tal como sucede como cualquier trabajador en una empresa privada.

La existencia de los derechos positivos y negativos, obligan al Estado a tener un compromiso con sus soberanos, entendiendo que el término de negativo se le atribuye a aquella clasificación de garantías establecidas en nuestra carta magna, donde se encuentra implícitas la libertad de expresión, la propiedad privada, la salud, entre otros más, involucrando deberes de no interferencias en el ejercicio libre de los determinados derechos.

Por otro lado, el Estado moderno como un ente emanado del pacto social, tiene dentro de sus funciones, no solo garantizarles las prerrogativas constitucionales, sino darles los elementos para ejercerlos, siendo para eso, el construir las instancias y órganos, así como la infraestructura, para llevarlo a cabo, o sea, ayudar al titular del derecho a obtener el objeto del mismo, a esto, se le denomina “derechos positivos”, y cuando los gobernantes no logran hacerlo ya sea por incompetencia o por abuso de poder, entonces, estaremos ante el fracaso de un gobierno.

Si el Estado no puede garantizar a sus gobernados su seguridad, siendo, una obligación esencial y establecida desde la creación del término “pacto social”, cuando dicho ente se encontraba en un aspecto primitivo, entonces ya no tiene una razón de sus existencias, ahora, agregando la falta de garantías en temas, de los rubros ya mencionados como la salud, educación, entre otros derechos primordiales. En ese sentido, con más razón se deben de revocarles el mandato entregado para re establecer el verdadero propósito de la creación del ente denominado “Estado”.

El gobierno de López Obrador, ha demostrado, ser un Estado fallido en muchas aristas, en el tema de seguridad no garantiza a los mexicanos, al anteponer sus vidas por debajo del  crimen organizado, y es lo vemos con la existencia de 474,476 personas desplazadas por la violencia y el narcotráfico, según así lo determinó en el 2020, la Secretaría de Gobernación, con una cifra en aumento, donde los cárteles en la actual administración han tenido la oportunidad de expandirse gracias a las raquíticas estrategias de un gobernantes quien le da miedo atacar a la delincuencia o tiene un pacto con ellos y prefiere tener de albañiles al ejército y una guardia nacional subordinado a estos.

Es claro que al presidente no le gusta ser cuestionado cuando se habla de temas de seguridad, porque no sabe cómo actuar ante una falta de claridad de la resolución de un problema existente desde administraciones pasadas, sobre todo, cuando el ejército una institución creada para proteger a los ciudadanos y mantener la paz en nuestro territorio, debe huir ante los ataques del crimen organizado, porque nuestro gobernante les dice que los delincuentes también son seres humanos.

El narcotráfico pese a ser células asesinas y sembrar el miedo en las comunidades, y ante los mensajes del presidente de no tocarlos, ni un mexicano nos sentimos con la protección de la seguridad pública ni del ejército, entonces, ¿para qué carajos sirve el gobierno?, pagamos impuestos para sostener un Estado que debe velar por los derechos positivos y negativos, así como nuestras garantías constitucionales, y no para hacer ricos a un puñado de personas quienes se dicen ser funcionarios públicos cuando les conviene, mientras en otros momentos esconden la cabeza y hacen de oídos sordos ante los reclamos.

Esa es la hipocresía de López Obrador en sus mañaneras, tratando de manipular para esconder su administración fallida a tres años de gestión y atacar a la prensa o a sus críticos de lugar de hacerlo ante el crimen organizado o al narcotráfico con el pretexto de que son “seres humanos”, escudándose en un falso cristianismo religioso, cuando es un gobernante pagado por el erario público y debe hacer valer por ese simple hecho la investidura presidencial, por encima de cualquier pacto o idea sectaria.